En rueda de prensa, Wert afirmó que “intentaremos encontrar una respuesta satisfactoria a lo que nos han transmitido varias comunidades” sobre la lengua cooficial, en referencia a su clasificación como “asignaturas de especialidad”.

En este sentido, y tras aclarar que “entender dicha denominación como minusvaloración es una mala lectura y una confusión”, Wert se mostró dispuesto a considerar la propuesta que realizó la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, para que se cambiase la expresión “de especialidad” por otra más apropiada.

Este nuevo término giraría “probablemente en torno al carácter autonómico” de dichas lenguas, apuntó Wert, en línea con lo que los consejeros de Valencia y Baleares también reclamaron en el encuentro.

Con todo, wert insistió en que la distinción que la Lomce hace entre materias troncales y de especialidad “dimana de su atribución competencial y no de la importancia” que se le concede, puesto que la troncalidad implica que el Estado se atribuye la capacidad para decidir sobre el 100% de los contenidos.

“Resultaría paradójico” y “muy complicado que desde la Administración central se legislase sobre la planificación y la evaluación de estas lenguas, que deben corresponder a sus propias autonomías.

Sí precisó Wert que el texto recogerá que “el tratamiento de la lengua cooficial propia va a ser idéntico al de las asignaturas troncales, tanto a efectos de carga lectiva como de evaluación”. Esto es, “las lenguas y literaturas cooficiales van a ser tratadas como el castellano”, resaltó.

Wert también se mostró favorable a que el catalán, el gallego, el euskera y el valenciano se enseñen en toda España y, en este sentido, indicó que una de las mejoras de la Lomce es “la gran autonomía curricular” que para las materias no troncales permite a los centros y a los gobiernos regionales.

“NO SE HA MOVIDO NI UNA COMA”

Por su parte, la secretaria general de Educación catalana, María Jesús Mier, volvió a pedir la retirada del anteproyecto, ya que el texto actual “no se ha movido ni una coma” respecto a la propuesta anterior, dijo.

Mier, que asistió al encuentro en sustitución de la consejera en funciones Irene Rigau, aclaró que ha presentado al ministro un informe jurídico con todas las vulneraciones que esta norma, a su juicio, incluye respecto a al Estatut y a la Ley de Educación catalana.

Señaló que el anteproyecto atenta contra estas normas y es contrario a “nuestra voluntad política”, declaró Mier, quien se mostró convencida de que cuando llegue al Consejo de Estado, “este tendrá algo que decir”.

A todo ello contestó Wert que la norma es respetuosa con el modelo de inmersión lingüística catalán, y lamentó la falta de disposición de la Generalitat a llegar a un acuerdo, cuando el Ministerio, afirmó, ha sido “muy generoso”.

Wert explicó que su departamento se limita a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional”, en referencia a la obligación de que la Generalitat sufrague la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que deseen tener el castellano como lengua vehicular y no puedan hacerlo en la red pública o concertada, uno de los aspectos más controvertidos de la ley.