Este encuentro se celebra 15 días después de la reunión en que la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, abandonó la Conferencia Sectorial como protesta al tratamiento que en el anteproyecto se concede a las lenguas cooficiales y que, a su juicio, supone “un ataque al modelo de inmersión lingüística” catalán.

Precisamente, la clasificación de estas lenguas como asignaturas de “especialidad” y la obligación de que Cataluña pague la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que deseen estudiar en castellano como lengua vehicular, “siempre que ello no sea posible en la red pública o concertada”, han suscitado polémica en torno a la ley.

Educación había aceptado en el encuentro de hace 15 días que en las evaluaciones externas de Secundaria y Bachillerato se incluyeran exámenes de Lengua y Literatura en catalán, euskera, valenciano y gallego, algo que la consejera Rigau consideró “insuficiente”.

A fin de acercar posturas, el ministro se reunió la semana pasada con Rigau, y aunque no consiguieron llegar a un acuerdo, ambos coincidieron en que se mantenían abiertos al diálogo.

Wert también se ha reunido con la líder del PP catalán, Alicia Sánchez- Camacho, quien le pidió que el catalán no se denominase lengua de especialidad.

Según Educación, la razón para distinguir entre materias “troncales” (Matemáticas, Castellano, Inglés, Ciencias e Historia) y “específicas” reside en la “atribución de competencias” y no en la "importancia” de las asignaturas.

Considera que la potestad para decidir el currículum de las lenguas cooficiales debe corresponder a sus respectivas autonomías y no a la Administración central, que se reserva el 100% del contenido de las materias “troncales”.

Andalucía, Canarias, País Vasco y Asturias se oponen también a la reforma, por entender que, además de centralista y de invadir competencias, constituye un ataque a la igualdad de oportunidades.

El diseño de dos itinerarios (hacia Bachillerato y hacia la Formación Profesional) en 4º de la ESO, la implantación de las evaluaciones externas al final de las etapas educativas, las mayores facilidades a la escuela concertada y la recuperación de la Alternativa a Religión como asignatura evaluable en lugar de Educación Cívica y Constitucional (que sustituía a Educación para la Ciudadanía) son otros de los puntos de discordia.