En concreto, Pikabea se ha negado a colaborar con la Audiencia Nacional para averiguar quién es el autor del ametrallamiento que se perpetró en 1979 contra el cuartel de la Guardia Civil de Andoain (Guipúzcoa), atentado en el que murió un agente y otros dos resultados heridos.

Pikabea declaró este por videoconferencia desde el centro penitenciario de Álava y dijo que no le parecía razonable que “después de treinta años” se le imputara por la causa, ya que hoy es una persona “completamente distinta al joven idealista que cogió las armas”.

A este respecto, Covite se preguntó cómo va a responde “el Estado de derecho a este nuevo desafío etarra”, ya que se trata de “un preso de la Vía Nanclares que de manera expresa se niega en un procedimiento judicial a colaborar en la resolución de un atentado terrorista”.

“IMPUNIDAD”

“Veremos si el Ministerio del Interior”, señalan estas víctimas, “saca a Pikabea de la cárcel de Zaballa y lo traslada fuera del País Vasco, privándole de todos los beneficios concedidos o por el contrario opta, como viene haciendo desde hace tiempo, en seguir flexibilizando la política penitenciaria y avalando la impunidad”.

Covite añadió que este episodio ocurrido con Pikabea demuestra que el Ministerio del Interior da “trato de favor” a terroristas “a cambio de nada”. Esta asociación destacó que también han quedado “muy claro” el “grado de arrepentimiento” de este etarra y su “petición de perdón a las víctimas”.

Esta asociación de víctimas dijo que no le sorprende lo dicho por Pikabea, puesto que “no es más que un terrorista que se ha servido de la debilidad del Estado para recibir un trato de favor y que considera que el mero transcurso del tiempo le dispensa de sus crímenes que él mismo califica como actos de idealismo”.