En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el sistema elaborado por el Ejecutivo tras reunirse con los agentes sociales y las principales organizaciones del sector es "contributivo, solidario y financieramente sostenible".

El modelo diseñado por el Ejecutivo tiene un carácter mixto, ya que será obligatorio para aquellos colectivos que tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son los autónomos económicamente dependientes y los de sectores considerados con un mayor riesgo de siniestralidad, y será voluntario para el resto.

En la actualidad, hay un total de 539.338 personas que cotizan por esta materia, incluidos 176.000 trabajadores por cuenta propia del sector agrario, aunque De la Vega subrayó que, cuando se establezcan cuáles son los sectores considerados de alta peligrosidad, la cifra rondará el millón de autónomos.

SEIS MESES DE PARO

Cubrirse por esta prestación, que protegerá a los que cesen en su actividad, supondrá un incremento de un 1,5% en la cotización de los autónomos , que en el caso de la mínima (833,4 euros) ascenderá a 12,5 euros mensuales. No obstante, en el primer año se incluye una reducción de medio punto en la cotización por accidentes de trabajo, por lo que esta protección supondrá un coste mensual de 8,33 euros.

La cuantía de la prestación será de un 70% de la base de cotización en los doce meses anteriores al cese de la actividad, lo que supondrá entre 583,38 euros y un máximo de 1.383,9 euros mensuales.

En cuanto a la duración, los cotizantes deberán cubrir al menos un año para poder percibir dos meses de prestación, mientras que el máximo supondrá cubrir 36 meses para recibir esta paga durante seis meses.

Asimismo, el texto establece que cada año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá el tipo de cotización que permita financiar este sistema de protección de los trabajadores autónomos que cesen involuntariamente en su actividad.