La operación, según informa la Fiscalía de Medio Ambiente, ha durado siete meses y "se trata de la primera operación a gran escala que se desarrolla en España para combatir el comercio ilegal" de sustancias que agotan o deterioran la capa de ozono.

La Fiscalía considera que los 97 detenidos podrían haber incurrido en varios delitos que contempla el Código Penal (CP), como la tenencia, comercialización o transporte de sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas para la salud de las personas o el medio ambiente, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años; las emisiones o vertidos en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas marítimas, con penas de seis meses a cuatro años, así como la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, por las que el CP establece unas penas de prisión de tres a seis años.

Asimismo, la Ley de Represión del Contrabando prevé penas de uno a cinco años para aquellas personas que traficaran con sustancias químicas tóxicas a través de una organización.

El Fiscal de Medio Ambiente en Las Palmas, Javier Ródenas, ha participado tanto en las detenciones de las personas involucradas como en el registro de las 16 sedes y naves vinculadas a la organización empresarial y de los buques que transportaban las bombonas con el gas R-22 (HCFC), cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por sus efectos devastadores para la capa de ozono, según informa la Fiscalía de Medio Ambiente.

El uso comercial de este gas está relacionado con la generación de frío artificial para las bodegas de los buques pesqueros en alta mar. Se trata de un gas especialmente tóxico que genera daños en la capa de ozono. Sus efectos dañinos permiten la entrada de rayos ultravioleta que pueden dañar el ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.