La Comisión considera que el régimen de modificación de los contratos tras su adjudicación, tal y como está regulado en la ley, no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia establecidos en la normativa comunitaria.

La ley española da a los órganos de contratación amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera "clara, precisa e inequívoca".

Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la legislación española permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación, en contra de lo dispuesto en la Directiva.

Se calcula que la contratación pública en la UE (es decir, la compra de bienes, servicios y obras públicas por administraciones y servicios públicos) representa en total alrededor del 16% del PIB de la Unión.

La Comisión Europea tiene competencias para adoptar medidas legales, "conocidas como procedimientos de infracción", contra todo Estado miembro que no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la normativa de la UE.

Estos procedimientos constan de tres etapas. En la primera, el Estado miembro recibe una carta de emplazamiento y tiene dos meses para responder. En caso de que sea necesario adoptar otras medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, la Comisión envía un dictamen motivado. De nuevo, el Estado miembro tiene dos meses para responder. Si no hay una respuesta satisfactoria, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo. Puede solicitar también que el Tribunal imponga una multa al país afectado si no cumple la sentencia del Tribunal.