"Un litoral sostenible medioambientalmente", indicó Arias Cañete, "debe conciliar la preservación, mantenimiento y mejora de nuestras costas con todas las actividades que sean respetuosas y compatibles con la conservación del litoral, incluidas las económicas".

Durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas en el Congreso, el ministro situó esta reforma como "uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para esta legislatura".

Según indicó, la reforma de la Ley de Costas de 1988, tras más de 20 años de vigencia, está motivada porque no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía: mantener y conservar el buen estado de "nuestro extenso y valioso litoral", y porque "ha fomentado una aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria en algunas ocasiones, lo que ha provocado inseguridad jurídica para propietarios y titulares de derechos en la costa".

En su exposición, el titular de Medio Ambiente aseguró que la Ley de Costas de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral. "Entre 1988 y la actualidad se ha producido la mayor degradación de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas", precisó.

A juicio del ministro, esta ley también ha generado una gran inseguridad jurídica, tanto en sus aspectos esenciales como en las dificultades de su aplicación, "que ha sido con frecuencia parcial o tardía".

Puso como ejemplo la cuestión de los deslindes, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, los cuales "se han realizado con criterios no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".

Además, Arias Cañete destacó la "inadecuada" regulación de la ley en relación con los Registros de la Propiedad, "que ha propiciado que adquirientes de buena fe con títulos registrales vean cuestionadas sus propiedades".

Por otra parte, indicó que, hasta ahora, "ha primado una visión limitada de la protección de la costa, que no valoraba adecuadamente la idea de compatibilidad entre calidad medioambiental y actividad humana para alcanzar un desarrollo sostenible".

En opinión del ministro, "este concepto erróneo ha producido regulaciones excesivamente restrictivas, que no propiciaban la realización de actividades económicas, deportivas, de ocio o culturales, respetuosas con la costa y con la garantía del uso público y común de las playas y del litoral por todos los ciudadanos".

"CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICO"

En relación con la nueva ley, Arias Cañete explicó que las previsiones para reforzar la protección del litoral van dirigidas a preservar "lo que tenemos mejor conservado", a impedir que continúe la degradación de las áreas costeras más vulnerables y a dotar al Estado de mecanismos excepcionales de respuesta, cuando exista un riesgo grave para la protección del dominio público.

En este sentido, añadió que el proyecto de ley distingue entre los tramos "urbanos" de las playas y los tramos "naturales", situados en zonas protegidas o en suelo rústico y alejados de urbanizaciones. Para ello, explicó que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales.

Mientras, "en las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común", recalcó.

Por lo demás, Arias Cañete señaló la conveniencia de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción rápido y eficaz, que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales.

En concreto, "me estoy refiriendo a la conocida como 'cláusula anti-Algarrobico', que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo", aclaró.