IU solicita que se designe un fiscal especial a esta tarea y que empiece por investigar las 659 cuentas que, según los datos que Hervé Daniel Falciani, tienen contribuyentes españoles en el Private Bank de Ginebra (HSBC). Según esas informaciones, los defraudadores son personas físicas, a excepción de dos empresas, y lo defraudado puede supera los 6.000 millones de euros.

IU recuerda al fiscal general que países como Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos han validado esos datos y han abierto investigaciones contra los defraudadores, mientras que en España se sigue dudando de la “lista Falciani”.

Asimismo, recuerda que la investigación del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, arroja indicios de la vinculación de donaciones hechas a determinadas instituciones y personas con la concesión de determinadas obras públicas.

La Agencia Tributaria, explica IU, reconoce que el 74% del fraude fiscal en España corresponde a empresas y grandes fortunas, mientras que el grueso del esfuerzo de inspección se pone en investigar a autónomos y trabajadores profesionales liberales. Cita además datos del Sindicatos de Técnicos del Ministerio de Hacienda que calculan más de 42.000 millones de euros la evasión fiscal en 2010.

Lara explicó que el Ministerio Fiscal tiene la misión de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público” y por eso le exige una investigación a cargo de un fiscal especial que sea capaz de llevar a los tribunales estas “actividades delictivas”.