La Fiscalía General del Estado ha remitido una instrucción a los miembros de la carrera fiscal en el que se incide en estas medidas, que ya fueron subrayadas por el departamento en el año 2007. La orden indica a los fiscales que deberán proceder a la destrucción de la droga incautada, conservando únicamente muestras suficientes para posibles comprobaciones o investigaciones posteriores.

Para ello, deberán solicitar la debida autorización al juez competente, y, además, deberán asegurarse de que la droga ha sido efectivamente destruida. Los fiscales deberán asimismo vigilar que quede constancia tanto de la destrucción como de la naturaleza, calidad, cantidad y valor en el mercado ilegal de lo destruido.

Torres-Dulce ordena además que se interpongan recursos siempre que los jueces denieguen la autorización para la destrucción de las sustancias.

Además, los fiscales deberán establecer cauces de comunicación con los responsables policiales y con los órganos administrativos encargados de la custodia de las drogas intervenidas para controlar y detectar cualquier dilación que se pudiera producir en el proceso de destrucción de drogas almacenadas.

Torres-Dulce ha remitido esta instrucción después del convenio firmado el pasado mes de octubre por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y diversas instituciones para establecer el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas y estupefacientes.