Finalmente, el anteproyecto del Ejecutivo fijará una prestación que tendrá carácter mixto, entre voluntario y obligatorio, para aquellos que cesen de forma involuntaria en su actividad.

Podrán acceder a él los trabajadores autónomos que cotizan por la accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que en la actualidad ascienden a 541.192 personas.

Cubrirse por esta prestación, que protegerá a los que cesen en su actividad, supondrá un incremento de un 1,5% en la cotización de los autónomos, que en el caso de la mínima (833,4 euros) ascenderá a 12,5 euros mensuales. No obstante, en el primer año se incluye una reducción de medio punto en la cotización por accidentes de trabajo, por lo que esta protección supondrá un coste mensual de 8,33 euros.

En cuanto a la duración, los cotizantes deberán cubrir al menos un año para poder percibir dos meses de prestación, mientras que el máximo supondrá cubrir 36 meses para recibir esta paga durante seis meses.

DIVISIÓN DE OPINIONES

Sin embargo, esta propuesta llega al Consejo de Ministros sin el apoyo unánime de las principales organizaciones de autónomos. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) tiene una valoración más positiva, mientras que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) es mucho más crítica con el proyecto del Ejecutivo. CEAT, que es la federación de autónomos integrada en la CEOE, mantiene una postura más neutral.

El presidente de UPTA, Sebastián Reyna, considera que la propuesta del Gobierno “es equilibrada”, aunque “siempre es mejorable”. En este sentido, señala que “los números”, es decir, el coste para el autónomo en relación con la duración de la prestación, “parece que salen”.

No obstante, Reyna se muestra esperanzado en que el sistema se revise en su paso por el Parlamento, ya que asegura que “hay margen para mejorarlo”.

Considera que el coste en la cotización es correcto, aunque critica la prestación está “muy limitada en el tiempo”, pero añade que en ningún caso puede igualarse al paro de los asalariados.

Por el contrario, la principal reivindicación de ATA es precisamente esa: que la prestación se acerque lo más posible a la que tiene el Régimen General de la Seguridad Social.

Por esta razón, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, defiende que se incremente el porcentaje de la cotización hasta situarlo a un nivel similar al de los asalariados. Eso sí, como contrapartida la cuantía y la duración de la prestación también deberá ser parecida.

Asimismo, exige una flexibilización de los requisitos para justificar que el cese de la actividad sea involuntario, rebajando la necesidad de que el autónomo sufra una pérdida del 40% de los ingresos.

Según Amor, no tiene sentido que una persona que haya reducido su facturación un 39% se quede fuera y no pueda percibir por lo que ha estado cotizando durante meses.