Según recordó hoy la organización, la proposición, aprobada en la Cámara Baja el 25 de junio de 2008, animaba al Ejecutivo a declarar su adhesión al Proyecto Gran Simio “en el plazo máximo de cuatro meses”.

Además, le instaba a adecuar la legislación “en el plazo máximo de un año” a partir de la adhesión, para conseguir una “prohibición expresa de experimentación o investigación con grandes simios”; el establecimiento de “condiciones muy rigurosas para su tenencia y custodia”; la “prohibición de su tenencia con fines comerciales o para espectáculos” o el desarrollo de compromisos internacionales para su protección.

El texto original de la propuesta, presentada por Iniciativa por Cataluña-Verds (ICV), argumentaba que un informe reciente de las Naciones Unidas alertaba del riesgo de extinción de estos animales, debido a “la destrucción de sus hábitats naturales, la expansión de enfermedades y la presión humana”.

No obstante, la organización denuncia que “ya han transcurrido 17 meses desde su aprobación y el Gobierno aún no ha cumplido lo instado por el Congreso de los Diputados”.

“¿Es consciente el Gobierno de que la aprobación de esta proposición no de ley causó una expectación mundial y que hay millones de personas pendientes de su resolución?”, se pregunta el director ejecutivo del Proyecto Gran Simio en España, Pedro Pozas.