Estas entidades señalaron en un comunicado que la ley audiovisual, que llega con retraso, debe regular el sector "respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, y no sólo a los intereses mercantilistas de las productoras de televisión".

A su juicio, la norma debe dejar "meridianamente claras las obligaciones que tienen las televisiones como servicio público, aunque no sean de titularidad estatal, sobre todo sus espacios informativos", porque "no hay que olvidar que son concesiones de radiofrecuencias".

La FeSP y la ReMC también piden a los grupos que se regule correctamente la capacidad de emisión y de producción de los medios públicos, de manera que puedan complementar su programación con producciones externas "pero nunca a costa de dejar sin trabajo a su plantilla o de despidos".

Otra enmienda reclama que la futura ley garantice el "blindaje" de las radiotelevisiones autonómicas y locales como servicio público, con una financiación mixta, contemplando de manera expresa las de las comunidades con una lengua cooficial propia.

La FeSP y la ReMC quieren que las licencias de emisión se concedan siempre que se cumplan determinados requisitos, entre ellos la estabilidad de los puestos de trabajo, y que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, integrado por personas elegidas por sus méritos profesionales e independencia y no por sus afinidades ideológicas, tenga competencias para conceder las licencias y para sancionar a los operadores que no respeten esta ley.