Sólo cinco días después de que se celebrasen las elecciones autonómicas en Cataluña y en el primer Consejo de Ministros tras los comicios, el Ejecutivo ha decidido “suspender” esta actualización de las pensiones que establece la ley, lo que se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo para todos los pensionistas.

Este mismo mes, en su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, acusó a los partidos de la oposición de hacer “una utilización partidista” de las pensiones al plantear que el Gobierno podría no llevar a cabo la compensación de la inflación en las prestaciones, algo que ha acabado sucediendo.

Burgos sostuvo entonces que era “ocioso e inútil” pedir al Gobierno que asegure que va a cumplir la ley, ya que “la ley está para cumplirse” y sostenía que el Ejecutivo haría un “cumplimiento estricto” de la misma “como no podría ser de otra manera, salvo que fueran otros los que gobernaran”.

En esta línea, acusó a la oposición de adoptar una “estrategia preventiva” y les retó a que explicaran “cuáles son las razones que les mueven a esgrimir una y otra vez que no se va a cumplir la ley”.

“No inviertan la carga de la prueba, no es el Gobierno el que tiene que estar permanentemente afirmando que va a cumplir la ley”, decía entonces, dos semanas y media antes de las elecciones catalanas, el secretario de Estado.

En distintas declaraciones a los medios de comunicación, el propio Burgos aseguró a los periodistas que el Ejecutivo cumpliría la ley que establece la actualización de las pensiones, algo que este viernes ha decidido suspender.