En el texto se readapta la tarifa autonómica del Impuesto de la Renta para ajustarla al nuevo sistema de financiación autonómica. La rebaja en un punto de la tarifa, ya existente, se traducirá en un ahorro adicional de 245 millones para los contribuyentes madrileños.

Además, se crea una nueva deducción en el IRPF para las familias con dos o más hijos y rentas familiares inferiores a 24.000 euros anuales, equivalente a una rebaja del 10% de la cuota íntegra autonómica a pagar, que supondrá un ahorro medio de 158 euros por unidad familiar.

Beteta señaló que la rebaja de impuestos contribuirá a mejorar la situación económica de las familias madrileñas, reactivando el consumo, por un lado, y el ahorro y la inversión, por otro, y afirmó que se calcula que, gracias a estas medidas, se generarán casi 5.000 empleos al año, el 24% de ellos de alta cualificación.

También se propone una deducción en el IRPF para aquellas personas físicas (empresarios, directivos, ahorradores o emprendedores) que adquieran acciones o participaciones en la constitución de entidades de nueva creación o en la ampliación de capital de entidades con menos de tres años de antigüedad, que lleven aparejado incremento del empleo, siempre que además del capital financiero aporten sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la empresa en la que invierten.

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Asimismo, se introducen dos modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), de manera que la adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias con el compromiso de revender los inmuebles en un plazo no superior a tres años tendrá un tipo impositivo reducido del 2%, respecto del general del 7%.

Además, se introduce un tipo impositivo reducido, del 0,5% (el tipo general es del 4% en vehículos), para las transmisiones de vehículos a empresarios dedicados a su reventa cuando pase un año desde la adquisición, ya que hasta ese momento está habilitada la exención del impuesto.

La Ley de Acompañamiento incluye también una moratoria de cinco años en el pago de las tasas autonómicas para el año 2010 que sean exigibles a las personas físicas que ejerzan actividades económicas y a las pymes por la prestación de servicios o realización de actividades administrativas vinculadas al inicio de las actividades profesionales o empresariales.

Igualmente, se suprime la tasa por solicitud de autorización de gran establecimiento comercial y se modifican aquellas para la ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y de minas, así como por las inserciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Entre las medidas de orden administrativo contempladas en la ley, destacan las destinadas a favorecer a las funcionarias víctimas de violencia de género, que, para trasladarse a otro puesto de trabajo, ya no necesitarán la provisión de un nuevo puesto, ya que se suprime este requisito. Asimismo, el absentismo laboral penalizará a los funcionarios que quieran retrasar su jubilación.