En declaraciones a los medios de comunicación en el marco del Comité Confederal de la organización, Ferrer aseveró que las recomendaciones de Bruselas tienen un plazo de cinco años, por lo que “no se puede hacer una interpretación directa de despidos”.

Por esta razón, rechaza que “el Gobierno se escude en que obedece un mandato de la Unión Europea” ya que considera que tanto el Ejecutivo como el FROB “tienen campo de intervención”.

Para el dirigente de UGT, la reestructuración del sector financiero debe “adecuarse y debe proteger los derechos de los trabajadores”.