La medida, aprobada por el Gobierno el 30 de marzo, establece un gravamen especial para impulsar la declaración de las rentas no declaradas, medida con la que el Ejecutivo espera recaudar 2.500 millones de euros.

En concreto, se aplicará un gravamen del 10% en las rentas no declaradas de los contribuyentes del IRPF, el impuesto de sociedades y la renta de no residentes.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó esta misma semana que el proceso de regularización “será un éxito”.

Montoro indicó que “esperamos que funcione” este proceso en cuanto al afloramiento de bases imponibles y la normalización de la situación de algunos contribuyentes.

Por otra parte, desde el ministerio han señalado en distintas ocasiones que tiene “confianza en que se van a cumplir los objetivos de recaudación” del proceso de regularización, fijados en 2.500 millones de euros.

Además, desde Hacienda subrayaron que hasta el último momento se realizarán regularizaciones, y aseguraron que el mismo 30 de noviembre “se remitirán muchas declaraciones”.