Varios representantes de estos colectivos se concentraron esta mañana frente a la sede del Consistorio en Cibeles, poco antes de la celebración de la Junta de Gobierno, e hicieron entrega en el Ayuntamiento de una carta dirigida al alcalde en la que le solicitan una reunión para solucionar este asunto.

Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, insistió en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula de pleno derecho la ampliación de los parquímetros de marzo de 2006 a diciembre de 2008, la cual precisó que no sólo afecta a los barrios de fuera de la M-30, sino también a algunos del interior.

Casas dijo que la ampliación relativa a 2009 también está recurrida por los vecinos, porque "han hecho una trampa legal", y se mostró convencido de que volverán a ganar. Por ello, animó a todos los vecinos y comerciantes afectados a que pidan al Ayuntamiento que les devuelva las cantidades indebidamente cobradas y les resarza por los perjuicios ocasionados. Con este fin han preparado una guía y un modelo de recurso.

Les recomiendan que soliciten la devolución de ingresos indebidamente cobrados a través de una instancia oficial del Ayuntamiento, pero también que presenten una reclamación de resarcimiento por responsabilidad patrimonial mediante otra instancia disponible en su web ("www.parquimetrosfuera.org").

En la carta dirigida al alcalde, los colectivos antiparquímetros critican la falta de respuesta a otra que le enviaron en 2007 y le vuelven a reclamar la retirada inmediata del SER en los barrios periféricos. También reclaman una reunión con Gallardón para "que podamos entre todos encontrar una solución satisfactoria".

"Es absolutamente insostenible que se esté jugando al ratón y al gato con los vecinos", insistió Casas, quien consideró igualmente inaceptable que el alcalde no cumpla la sentencia y calificó de "preocupante" que el Ayuntamiento "esté sosteniendo su ejercicio de actividad y de poder sobre cosas que los tribunales están declarando sistemáticamente ilegales".

Los vecinos piden también a Gallardón que cese a Pedro Calvo porque, según Casas, un alto funcionario en el ejercicio de su cargo está sujeto más que nadie a la legalidad y el delegado de Movilidad la ha contravenido y no ha devuelto las cantidades indebidamente cobradas a los vecinos, lo que a su juicio es "absolutamente inadmisible".

Por su parte, Emilia Lozano, de la Asociación de Vecinos de Hortaleza, dijo que a partir del 9 de diciembre, cuando se cumplen los dos meses del plazo para la ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento incurrirá en desacato porque está incumpliendo la ley. "Serán unos delincuentes", concluyó.