En cambio, los magistrados han decidido absolver a los dirigentes del Partido Comunista de España Reconstituido (PCER) -considerado el brazo político de los Grapo- Manuel Peréz Martínez, alias "Camarada Arenas", y su pareja, Isabel Llaquet, quienes estaban acusados de ser los inductores del secuestro.

En una sentencia hecha pública hoy, los magistrados presididos por el juez Alfonso Guevara señalan que Silva Sande es culpable de un delito de detención ilegal, pero le absuelven del delito de estafa del que estaba acusado por los familiares de Cordón.

Además, los magistrados han fijado que el cabecilla de los Grapo indemnice a la esposa y a los hijos de Publio Cordón con 300.506 euros si se demuestra que Cordón sigue vivo o con 2.404.048 euros -la cantidad pagada por el rescate- si se acredita que el empresario ha fallecido.

Además, se prohibe a Silva Sande acudir a Zaragoza durante un periodo de seis años después de cumplida la condena.

Los magistrados consideran probado que Silva Sande, acompañado por el etarra Enrique Cuadra, ya condenado por estos hechos, secuestró en junio de 1995 a Publio Cordón cuando este se encontraba haciendo ejercicio por un parque próximo a su domicilio.

También se da por probado que el miembro de los Grapo realizó las labores de custodia del secuestrado, así como que participó en el cobro del rescate.

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