Sauquillo entregó a la Defensora un escrito, en el que le pide que recurra los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Tasas, puesto que “afectan y vulneran derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos”.

Según informó CCU, esta entidad y sus asociados entienden que las tasas judiciales impiden que se cumplan “la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el mandato a los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios a través de procedimientos eficaces”.

La asociación que preside Sauquillo destacó que la Ley de Tasas extiende el pago de estos impuestos a las personas físicas, salvo que se les reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita.

A juicio del CCU, el reconocimiento a la justicia gratuita sólo será posible con “criterios muy restrictivos”, ya que “para obtener este reconocimiento sólo se valora el nivel de ingresos de la unidad familiar, sin tener en cuenta otras circunstancias como los gastos de dicha unidad familiar” o “que alguno o varios de sus miembros se encuentren en situación de desempleo”.

Esta organización de consumidores añadió que si la Ley de Tasas pretende incentivar la resolución de los litigios por medios extrajudiciales, “paradójicamente se rompe el criterio legal de gratuidad del arbitraje de consumo, pues la nueva ley obliga a pagar una tasa para instar la ejecución judicial de títulos extrajudiciales como los laudos arbitrales de consumo”.

Finalmente, el CCU considera que, además de un servicio público, “el acceso a la justicia es un derecho constitucional fundamental y que la restricción del acceso a los tribunales supone una auténtica desigualdad de los ciudadanos ante la ley y la quiebra del Estado de derecho, que sólo beneficiará a las empresas que incumplan sus obligaciones con los consumidores, ya que los costes del proceso disuadirán a éstos de presentar demandas”.