Ros, que fue consejero independiente de Bankia entre junio de 2011 y mayo de 2012, sostuvo en este sentido que no era legalmente necesario contar con el informe del auditor Deloitte para aprobar las cuentas que la entidad hizo públicas en marzo pasado, en las que se reflejaban unos beneficios de más de 300 millones de euros. El imputado añadió que se aprobaron las cuentas sin el visto bueno de Deloitte debido a su complejidad y a la ausencia de un sistema informático común entre las siete cajas que integraron la entidad.

El empresario justificó asimismo que las nuevas cuentas que Bankia tuvo que aprobar en mayo, en las que se reconocía unas pérdidas de 2.979 millones de euros, en el aumento de la morosidad y en lo decretos aprobados por el Gobierno para el saneamiento de los activos inmobiliarios en las entidades financieras.

Los interrogatorios de los imputados en el ‘caso Bankia’ se suspenden ahora hasta el 12 de diciembre. La ronda de declaraciones de los 33 exdirectivos de BFA y Bankia imputados en la causa finalizará el 20 de diciembre con el expresidente de la entidad Rodrigo Rato.

Al admitir a trámite la querella, el magistrado imputó a Rato y a los demás exconsejeros de BFA y de Bankia delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu abrió la investigación contra los exresponsables de Bankia y BFA el pasado 4 de julio, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por UPyD.

El juez destacó en el auto de admisión a trámite que la presunta estafa de Bankia habría podido producir “una grave repercusión en la economía nacional, así como un perjuicio a una generalidad de personas”, ya que la entidad bancaria tiene “suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes”.

Bankia nació como marca comercial en marzo de 2011, fruto de la unión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y Rioja. La entidad salió a bolsa en julio de 2011 pero fue nacionalizada el pasado mes de mayo por un agujero de 19.000 millones de euros.