JpD expresó su “apoyo expreso a todos los compañeros encargados de este tipo de investigaciones y nuestro más absoluto rechazo y condena ante la manipulación informativa de la que están siendo víctimas, impropia por otro lado, de un país cimentado en valores democráticos y en el que la difusión de información veraz constituye un elemento fundamental del desarrollo de nuestra sociedad”.

Según esta asociación, “tanto en Canarias en relación con la instrucción del llamado ‘caso Eólico’, como recientemente en Cataluña con el ‘caso Palau’ algunos medios han difundido informaciones que nada tienen que ver con la labor desempeñada por los magistrados encargados de estos casos”.

En el “caso Palau” se investiga la presunta financiación irregular de CiU mediante el cobro de comisiones y el desvío de dinero desde esta institución cultural. Por lo que se refiere al “caso eólico”, hace referencia a una presunta trama irregular en Canarias en la adjudicación de parques eólicos.

A juicio de JpD, lo que se está haciendo es “cuestionar la figura del juez, atacando directamente su honestidad e integridad en el trabajo mediante lo que no se puede definir sino como una burda manipulación de los hechos”.

Para los jueces progresistas, se “con tal comportamiento, que intenta desactivar al juez cuyas decisiones puedan resultar incómodas a determinadas esferas de poder o contrarias a sus intereses electorales, se ataca directamente a uno de los pilares básicos de nuestro Estado de derecho, como es la independencia judicial”.