Según informó el Ministerio de que dirige Luis de Guindos, de las 100 entidades que suscribieron este código, solo 28 declararon haber recibido solicitudes. El 73% de las peticiones se concentra en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

La deuda total pendiente alcanzaba los 69,5 millones de euros en ese periodo.

De las 568 solicitudes recibidas durante ese periodo, 283 se encontraban pendientes de resolver al finalizar el trimestre, es decir, un 49,8% del total. De las 285 solicitudes cuya tramitación finalizó, las entidades resolvieron 278 que correspondían a préstamos y créditos con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. En los siete casos restantes el solicitante desistió.

De las 278 solicitudes resueltas, en ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda. En 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago. El resto de solicitudes (226) han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas.

"Es pronto, por tanto, para sacar conclusiones al respecto, pero el Gobierno ya ha señalado su intención de ampliar los supuestos de aplicación del código", sostiene Economía.

Además, el Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre decretó una moratoria durante dos años de los desahucios para colectivos por debajo de un determinado umbral de ingresos (19.170,4 euros anuales, en la media de la remuneración salarial en España) cuya hipoteca les suponga más del 50% de los ingresos y que además se trate de personas especialmente vulnerables por sus circunstancias familiares.

MOROSIDAD

La Comisión de Control resalta los bajos datos de morosidad hipotecaria en España. Según el Banco de España, en el segundo trimestre de este año, la tasa de morosidad alcanzó el 3,38% cuando el negocio hipotecario representa el 40% del total del balance del sector financiero en España.

En sus conclusiones, la Comisión de Control destaca que un trimestre es muy poco tiempo para evaluar su funcionamiento. En esta línea, entiende que una vez conocidos los resultados del segundo trimestre se podrá efectuar una valoración más ajustada de su aplicación.