En concreto, la nueva normativa flexibiliza las condiciones sobre la aportación de bajas para nuevas construcciones de buques pesqueros, dentro del marco del Derecho comunitario y de la normativa nacional sobre la reestructuración de la flota pesquera.

Con las modificaciones introducidas se amplía hasta dos años el plazo para ejecutar expedientes de construcción o modernización de buques pesqueros, evitando así que las dificultades derivadas de la actual situación económica lleven a la caducidad a dichas autorizaciones y a que los armadores pierdan los derechos adquiridos sobre los barcos ofertados como bajas y que se retirarían de la actividad pesquera.

Se pretende, de este modo, inducir un aumento de la actividad constructora en el sector pesquero, como consecuencia de una mayor oferta de bajas y facilidades en la tramitación de expedientes de nuevas construcciones, siempre respetando el marco del tamaño de flota apropiado para España de acuerdo con los recursos pesqueros disponibles.

Por otra parte, se establecen las condiciones, requisitos y el procedimiento que quedará vigente para actualizar permanentemente las características técnicas de las embarcaciones pesqueras.

Con ello, se trata de evitar nuevas regularizaciones extraordinarias como las que se han venido realizando hasta ahora, examinando, de una forma gradual y continuada, las situaciones individuales de cada embarcación, a iniciativa de la administración pesquera o del propio armador.