Sisej, a través de un comunicado, señaló que “a nueva norma supone una nueva denigración hacia nuestro colectivo por parte de este Gobierno, al convertir la exigencia de la tasa en requisito procesal inexcusable y al secretario judicial en mero recaudador”.

Esta organización de secretarios añade que “se trata de una norma sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico en el período constitucional”.

Para Sisej, la nueva Ley de Tasas se dirige “contra la ciudadanía”, ya que discrimina “la posibilidad de acceso al servicio público en función de su capacidad económica”. Además, estos funcionarios sostienen que la norma “es de dudosa compatibilidad con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.

Estos secretarios judiciales criticaron que “en lugar de optar por la reforma estructural y el cambio de modelo en la Administración de Justicia”, desde el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón “se ha optado por excluir deliberadamente a muchos ciudadanos del acceso al servicio público” de los tribunales.