Aseguraron ser "víctimas de una estafa hipotecaria" e indicaron que se han vulnerado sus derechos sin que haya "una alternativa real que ponga fin a esta situación".

Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional Ecuatoriana de España, entiende que los extranjeros son los más afectados y acusó a la Central Hipotecaria del Inmigrante de formar parte del "engaño" junto con varias entidades bancarias. "Este proceso judicial es un botón, es una muestra, de la impunidad en contra de las familias trabajadoras", apuntó Quinatoa.

Para el abogado Juan Moreno, quien acompañaba a los manifestantes, las personas desconocían el fondo de lo que estaban firmando, y aseguró que las entidades financieras embargaban la nómina e inmuebles "sin ni siquiera dar algún documento (copia del contrato) a las personas, que se enteran por una carta del juzgado de que su sueldo ha sido embargado".

El grupo asegura que llevará sus reclamaciones hasta las "últimas consecuencias", con el fin de poder adquirir una "vivienda digna".