García Fuster llegó a dar lectura a este correo electrónico en su declaración como imputado ante el instructor del “caso Bankia”, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, una comparecencia que duró cerca de una hora.

En el ‘mail’ fue enviado por el secretario del Consejo, Miguel Crespo, el pasado 27 de abril, pocos días antes de que se destapasen las pérdidas de cerca de 3.000 millones de euros. En él, el equipo directivo aseguraba a los consejeros que los datos contenidos en el informe crítico emitido por el FMI eran absolutamente falsos, según informaron fuentes jurídicas.

El abogado Andrés Herzog, que representa a la acusación ejercida por UPyD, señaló que pedirá la incorporación de este correo electrónico si todavía no se encuentra en el sumario.

El exsenador popular y miembro de la Comisión de Control de Bancaja aseguró además que tuvo la sensación de que detrás de las nuevas cuentas de la entidad presentadas en mayo –en la que se pasó en dos meses de unas ganancias de 300 millones de euros a unas pérdidas de 3.000 millones- estaban Gobierno y Banco de España. El exconsejero dijo que apoyó estos nuevos números porque de lo contrario se ponía en riesgo a todo el sistema financiero español. A su salida de la Audiencia Nacional, García-Fuster dijo estar “muy contento” con su declaración.

CRÍTICAS A DELOITTE

El otro exconsejero de BFA que declaró esta mañana como imputado, el exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid Jorge Gómez Moreno, cargó por su parte contra la auditora Deloitte. Dijo en este sentido no entender como un auditor que conoció y amparó las cuentas de las siete cajas de ahorro, su fusión, la salida a bolsa de Bankia y su recapitalización cambiase del día a la mañana su criterio contable.

Gómez Moreno, según las fuentes jurídicas consultadas, dijo tener la sensación de que Deloitte tenía algún tipo de comunicación con el Gobierno. Este imputado, en el consejo en el que se votaron las nuevas cuentas el pasado mes de mayo, llegó a decir, según consta en el acta de la reunión, que “la tramitación del proceso auditor ha puesto en riesgo el sistema financiero del país”.

Sobre el desembarco del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la entidad a través de la conversión de sus participaciones en acciones, que tuvo lugar en mayo pasado y que marcó el inicio de la nacionalización, Gómez Moreno dijo que fue como hacerse el “harakiri” pero explicó que votó a favor porque no había otra opción.

Tras finalizar su declaración, Gómez Moreno dijo estar tranquilo y “sentir” el problema que sufren los afectados por las participaciones preferentes de Bankia.

El plato fuerte de las declaraciones de esta semana llegará este viernes, cuando está citado como imputado el exministro del Interior y antiguo secretario general del PP Ángel Acebes, quien fue consejero de BFA.

VARIOS DELITOS

Al admitir a trámite la querella, el magistrado imputó a Acebes y a los demás exconsejeros de BFA y de Bankia delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu abrió la investigación contra los exresponsables de Bankia y BFA el pasado 4 de julio, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por UPyD.

El magistrado destacó en el auto de admisión a trámite que la presunta estafa de Bankia habría podido producir “una grave repercusión en la economía nacional, así como un perjuicio a una generalidad de personas”, ya que la entidad bancaria tiene “suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes”.

En la causa obran ya los informes elaborados por el Banco de España, en los que se refleja que no alertó hasta diciembre de 2011 de que Bankia necesitaba 8.208 millones de euros adicionales para cubrir las pérdidas esperadas de los préstamos y de los activos adjudicados.

Bankia nació como marca comercial en marzo de 2011, fruto de la unión de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y Rioja. La entidad salió a bolsa en julio de 2011 pero no llegó a cumplir un año de vida, pues fue nacionalizada el pasado mes de mayo por un agujero de 19.000 millones de euros.