Así se desprende de un informe presentado este martes por Ecologistas en Acción, en vísperas de una votación del Parlamento Europeo sobre la técnica de la fractura hidráulica.

El estudio concluye que en los últimos meses, tanto los gobiernos autonómicos como el central han concedido numerosos permisos de investigación para la fractura hidráulica en diferentes lugares del Estado.

La fractura hidráulica, o 'fracking', consiste en la utilización de agua a presión mezclada con productos químicos, que se introduce en el subsuelo con el fin de fracturar los estratos rocosos profundos y así liberar los gases en su interior.

Esta técnica, según la organización, entraña serios riesgos para la salud y el medio ambiente, entre los que se encuentra la contaminación de las aguas de los acuíferos a causa de los productos químicos altamente contaminantes utilizados.

En el informe elaborado por Ecologistas en Acción se ha comprobado que alrededor del 80% de los permisos de investigación solicitados o concedidos se localizan sobre acuíferos conocidos. Además, más de la mitad de los acuíferos afectados son de tipo calcáreo o carbonatado, que resultan especialmente sensibles a la contaminación por los productos químicos que contiene el fluido utilizado en el 'fracking'.

Según la organización, actualmente, más del 30% de la población española (14 millones de personas) se abastece de acuíferos. "Se da la circunstancia de que existen numerosos municipios en las zonas donde se pretende llevar a cabo la extracción de gas mediante 'fracking' que se abastecen directamente del agua de los acuíferos, que podrían verse contaminados de manera irreversible por el empleo de esta técnica, suponiendo un grave riesgo para la salud de las personas", explica.

El informe revela que algunos permisos de investigación afectan directamente a parajes de gran interés natural, como las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, o las Merindades en Burgos, con el consiguiente daño ambiental a los ecosistemas acuáticos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha remitido el informe a los ministros de Industria y Medio Ambiente, a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, a los gobiernos regionales y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

La organización solicita que se deroguen todos los permisos de investigación concedidos que se sitúen sobre acuíferos y que no se autoricen nuevas licencias en esas zonas, dado el grave riesgo que supone para la salud y para la preservación del medio natural.