En el marco de un acto organizado por la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, el ministro indicó que a través de este procedimiento se incentivará a las empresas a emitir facturas y el seguimiento de las mismas “permitirá un mejor análisis de la actividad económica y la persecución del fraude por parte de la Agencia Tributaria”.

Montoro recordó que la medida se refiere a operaciones mercantiles en las que al menos intervenga un empresario o profesional, estando excluidas las referidas exclusivamente entre particulares.

La medida, que ya está en vigor, está incluida en la nueva ley antifraude, que fue publicada en el BOE el pasado 30 de octubre. Los contribuyentes que infrinjan este precepto se enfrentan a sanciones del 25% del valor del pago en efectivo.