Antes de la reunión, Carnicer explicó a los medios de comunicación que el Consejo General de la Abogacía ha agotado ya todas las posibilidades a su alcance desde el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció el proyecto.

En su opinión, el ministro comete "dos barbaridades". La primera, impulsar una ley que impedirá a muchos ciudadanos interponer determinadas acciones judiciales porque no tendrán recursos económicos para ello.

La segunda, argumentar que es para financiar la justicia gratuita, cuando precisamente se privará de ella a muchos ciudadanos.

Cree que la Ley vulnerará derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el de la tutela judicial efectiva y el de igualdad.

De la posición expresada hasta ahora por el PSOE, Carnicer deduce que ese partido no está de acuerdo con la ley por los mismos motivos que los colegiados, y reclama por ello que actúe en consecuencia.