Acusa al Gobierno de haber "excluido totalmente del diseño de las medidas contra los desahucios a las personas personas afectadas y sus organizaciones, contraviniendo recomendaciones de Naciones Unidas para garantizar la participación de estos colectivos en el diseño de las políticas de vivienda".

Sostiene esta organización que el decreto tampoco "alude ni una sola vez al derecho a una vivienda adecuada, no propone ninguna reforma legislativa que garantice un recurso judicial efectivo a todas las personas que les permita defender sus derechos ante un desalojo, ni incluye la necesidad de realizar una evaluación del impacto de los desalojos en las personas” aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Con respecto a la disponibilidad de vivienda, "el decreto únicamente recomienda al Gobierno que promueva un fondo social de viviendas, provenientes de las entidades de crédito, sin un calendario claro ni una hoja de ruta definida".

En suma, "el Gobierno vuelve a desoír las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada", concluye el comunicado.