En una sexta carta publicada en varios medios de comunicación, bajo el título “La Industria en Riesgo (VI). No es tiempo de silencio”, las patronales señalan que lo "natural" es que las reformas, cuando se plantean, sirvan para mejorar las cosas.

"En tiempos de crisis, en un entorno más bien pesimista y tan propenso a la acción de los gobernantes, las reformas deberían precisamente contribuir a generar confianza en las empresas y a infundir una dosis suficiente de optimismo como para hacernos pensar en que las cosas pueden mejorar, aunque sea de forma general", explica.

En el caso de las empresas industriales, la reforma sobre fiscalidad energética supone "una amenaza lo suficientemente grave como para expulsarnos de los mercados internacionales antes de que se produzca el hecho impositivo". Un coste añadido de unos 1.500 millones de euros, según calculan las empresas.

El sector advierte de que el impacto será "brutal" y sacará del mercado a muchas empresas y ahuyentará cualquier proceso de inversión industrial en España, presente o futuro.

"Y el déficit tarifario continuará. Porque no habrá empresas suficientes para compensarlo. Y entonces habrá que evaluar la utilidad de una reforma en la que si el Gobierno aplicara los criterios de proporcionalidad y progresividad que los sectores defendemos, podría atajar el déficit tarifario sin tener que contar luego cuántos de los dos millones y medio de empleos que se ponen en juego habrán desaparecido", lamenta el sector.