Castellano, aún así, no quiso entrar a valorar en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la posible ilegalidad de estos contratos y se excusó en este sentido señalando que él no es abogado, si no economista, según informaron fuentes jurídicas.

El presidente de Nova Caixa Galicia reiteró que, a su entender, los exdirectivos Francisco Javier García de Paredes, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Julio Fernández Gayoso, todos ellos imputados en la causa, se adjudicaron estos contratos para “blindarse” ante su posible salida de entidad tras la fusión de las cajas gallegas y su conversión en banco. Castellano, que entró en el banco y se hizo cargo de la presidencia ejecutiva en septiembre de 2011, explicó en este sentido que su contrato “no tiene ningún tipo de blindaje”.

El testigo comenzó cobrando 900.000 euros brutos al año pero en la actualidad ha rebajado esa cantidad a 300.000. Si se marcha de la entidad, tiene derecho a cobrar el sueldo de un año, según explicaron fuentes del banco.

COBRAR EL FINIQUITO

Castellano también explicó ante el magistrado cómo se produjo la salida de la entidad de los cinco exdirectivos imputados en la causa. Dijo en este sentido que al único al que le dijo directamente que no contaba con él fue a Pego. Le explicó que los nuevos inversores institucionales habían sugerido que querían un cambio en la dirección.

El caso más llamativo fue el de Gorriarán, quien le comunicó que quería cobrar la indemnización pero, a la vez, seguir trabajando en el banco como director del grupo inmobiliario, aunque fuese sin sueldo.

García Paredes decidió marcharse después de mantener una conversación con los nuevos gestores de la entidad en septiembre de 2011. Rodríguez Estrada, por su parte, le dijo que se quería marchar porque estaba a punto de cumplir 65 años.

FIANZAS MILLONARIAS

El juez Moreno ha impuesto a cuatro de los cinco exdirectivos de Nova Caixa Galicia imputados unas fianzas que suman más de 10 millones de euros para que puedan hacer frente a su responsabilidad civil en caso de ser condenados.

La fianza pecuniaria más alta fue fijada para el exdirector general adjunto Francisco Javier García de Paredes, que deberá abonar un total de 7.021.353 millones de euros. José Luis Pego deberá consignar una fianza de 1.925.223 euros, Gregorio Gorriarán de 1.218.137 euros y Óscar Rodríguez de 347.921 euros. El quinto exdirectivo imputado, Julio Fernández Gayoso, fue declarado por el juez responsable solidario.

El juez atribuye a los cinco directivos un delito de administración desleal o, alternativamente, un delito de apropiación indebida.

Moreno sostiene que los exdirectivos, “con ocasión del acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova , en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección, con menoscabo del patrimonio de la entidad, percibiendo en definitiva elevadas sumas de dinero con ocasión del cese de sus actividades”.

Todo ello se produjo “con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad”.