Así lo anunció este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó un real decreto de medidas urgentes de protección del deudor hipotecario.

Según la 'números dos' del Ejecutivo, este fondo de viviendas ofrecerá alquileres a “precios muy razonables”.

Junto a esta medida, el Ejecutivo aprobó también paralizar durante dos años el proceso de lanzamiento de las viviendas de los afectados por desahucios que estén en una situación especialmente vulnerable, sin coste.

Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno da con esta norma una “respuesta urgente y paliativa” a una de las situaciones “más duras” de la crisis, y habló de “razones humanitarias”.

Desde el Ejecutivo defendieron que es el “momento de muchas reformas para crecer y crear empleo”, pero mientras tanto hay que adoptar “medidas de carácter social para paliar la difícil situación por la que pasan algunas familias”.

NO CAMBIA LEY HIPOTECARIA

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quiso dejar claro que no se modifica la ley hipotecaria, para agregar que “lo que hay es que en la última fase del proceso” de lanzamiento se limita en algunos supuestos.

De Guindos señaló que la norma “es un alivio muy importante y hace frente a una demanda social específica que no necesita una modificación” de la ley hipotecaria, para añadir que no va a entrar en si hay que cambiarla o no.

COLECTIVOS Y RENTAS

El nivel de rentas previsto tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros, unos 19.000 anuales.

Además, se beneficiarán hogares en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas: cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5% en los últimos cuatro años o los que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos.

El crédito ha de referirse a un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad, y el Gobierno ha establecido una serie de circunstancias adicionales.

Se trata de familias numerosas, unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, familias con algún menor de tres años, tener a cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo y estar en algunos supuestos de violencia de género.

También se recogen las unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad.

Para el ministro se trata de un conjunto de población “suficientemente amplio y que se define por sí mismo; no son cuestiones marginales” Además, afirmó que la propuesta del Gobierno es “absolutamente equilibrada” y que se debe dar respuesta global a una “necesidad social que está ahí, no entro en casos concretos”.

MÁS CAMBIOS

El Gobierno explicó que también, en la consiguiente tramitación parlamentaria, abordará otros asuntos que deberían formar parte de la ley consecuencia de este real decreto.

En primer lugar, el establecimiento de nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

Asimismo, se quieren mejorar aspectos relacionados con las subastas y con los intereses de demora, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias a la hora de tasar la vivienda.

Por otra parte, se analizará la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar de cara al futuro el sobreendeudamiento y establecer mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias.

DACIÓN EN PAGO

Preguntado por la dación en pago, es decir, saldar la deuda con la entrega de la vivienda, el ministro quiso recordar que supone que “uno se queda sin la casa”, por lo que “es una solución de último recurso.

De Guindos recordó que es una medida ya está recogida en el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

“No creo que sea la alternativa ideal” porque significa que “te has quedado sin” vivienda, dijo el responsable de Economía, quien agregó que el objetivo es “que nadie se quede sin ella”.

Preguntado por la posibilidad de incluir en los contratos hipotecarios la dación en pago, el ministro señaló que “ya es posible”, si bien recordó que “es más caro”.

Esta iniciativa del Gobierno “pone de manifiesto el equilibrio que se está intentando jugar”, ya que “si proteges en exceso al deudos se encarece la concesión del crédito”. Por ello, “hay que actuar con equilibrio, justicia y sensibilidad social”, subrayó.