Según informó la organización de consumidores, a falta de conocer todos los detalles de la nueva regulación, las prioridades son evitar echar a la calle a familias, así como buscar una solución para las familias que ya están en la calle.

Por ello, proponen la puesta en marcha de un alquiler social en su propia vivienda para aquellos que pierdan su propiedad por ejecución hipotecaria o por haber avalado una hipoteca, y que reúnan ciertos requisitos (límites de rentas, no tener otras propiedades, etc.).

"A nuestro juicio, el de los desahucios es un problema complejo que requiere medidas legales eficaces y que no se limiten a esconder el problema", añade la OCU.

La organización señala que los esfuerzos deben destinarse a acabar con la "hemorragia social" de los desahucios. "Ante este problema no bastan declaraciones de intenciones o medidas que no contribuyan de verdad a abordar esta necesidad social, o que para solucionar un problema creen o agraven otros", finaliza la OCU.