Asimismo, Becerril apuntó que de esas 1.082, en su mayoría procedentes de Europa del este y África subsahariana, sólo a 59 se les otorgaron autorizaciones de residencia.

Estos datos han sido publicados en el informe de la oficina del Defensor del Pueblo titulado ‘La Trata de Seres Humanos en España: Víctimas Invisibles’, que se presentó hoy en la Fundación de la Abogacía Española bajo el ciclo ‘Crisis Económica y Derechos Humanos: Víctimas de Trata con Fines de Explotación en España, la Legalidad en el Cuarto Oscuro’.

Becerril explicó que el documento se inició en el año 2008 como consecuencia de una operación policial en la que se investigaron una serie de redes que podrían estar traficando con hasta 600 personas. “Debido a esta operación, el Defensor del Pueblo tuvo muchas peticiones de la población y de asociaciones que defienden los derechos humanos, y por ello decidimos poner en marcha este documento”, indicó.

Asimismo, la defensora del Pueblo manifestó que en el estudio se han realizado más de 60 investigaciones, se han visitado más de 50 centros de acogida para hablar con personas que podrían haber sido explotadas sexualmente y se han efectuado decenas de reuniones con víctimas y presuntas víctimas de trata para analizar de una manera profunda cómo y dónde actúan las redes que se dedican a la trata, de donde proceden las víctimas y cómo conectan con ellas, entre otras cuestiones.

Becerril agregó que “el documento permite también ver la dimensión transnacional que tiene este delito, además de dar una serie de recomendaciones en materia asistencial al Ministerio de Sanidad, otras recomendaciones referentes a la organización de las fuerzas de seguridad al Ministerio del Interior y una serie de posibles reformas legislativas para ayudar a las víctimas de trata con estos delitos que vulneran los derechos humanos”.

“Estas recomendaciones destinadas al Ministerio del Interior se basan en que, desde nuestro punto de vista, las Fuerzas de Seguridad del Estado que se dedican a la investigación de delitos como la trata, deberían estar compuestas por alguna mujer, ya que creemos que una mujer tiene más facilidad para que otra mujer, en este caso una mujer víctima de trata, le cuente su situación”, señaló.

Además, Becerril destacó que “necesitamos de la cooperación policial y también de la Unión Europea para que el grado de satisfacción en la investigación y posteriores procesos sea mayor”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Abogacía Española, Carlos Carnicer, expuso que “delitos como este suponen la esclavitud para todas las víctimas. Son maltratadas y forzadas a hacer algo que realmente no quieren hacer, por esto es necesario trabajar en todos los ámbitos para, entre todos, lograr una sociedad más justa”.

El ciclo ‘Víctimas de Trata con Fines de Explotación En España: la Legalidad en el Cuarto Oscuro’, también contó con dos mesas redondas en las que se continuó tratando el tema de la trata en España con fines de explotación sexual.

Así, bajo el título de ‘Identificación y protección de las víctimas de trata con fines de explotación’ y ‘Una mirada al futuro: prioridades en la lucha en materia de trata con fines de explotación sexual’, varios profesionales como Fernando Alonso, jefe de la Sección Operativa del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la Policía Nacional; la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Carmen Quintanilla, y el fiscal de sala Coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Costa, entre otras personas, debatieron las prioridades que hay que tener en materia de trata.