Según explica la CNC, su recurso trataba de evitar que mediante diversos instrumentos normativos, las comunidades autónomas puedan prorrogar en la práctica estas concesiones de autobuses a sus actuales concesionarios.

Competencia considera que con la normativa valenciana se eliminaban, innecesaria y desproporcionadamente, las ventajas que aporta la competencia a los usuarios de este servicio, incluso pudiendo llegarse a inclumplir normas comunitarias que regulan la materia.

La sentencia subraya la falta de concordancia de esta norma con la legislación comunitaria y, en concreto, con el Reglamento CE 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.

El reglamento establecía una duración máxima de diez años para las concesiones de autobús y la posibilidad extraordinaria de prorrogar la concesión en el momento de expiración de la misma durante, como máximo, la mitad del periodo original.

Sin embargo, la norma impugnada (y ahora anulada) preveía la posibilidad de conceder prórrogas cuya duración podría alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2023.

En su sentencia, el tribunal considera, por tanto, que el mantenimiento de esta norma dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Valenciana produciría “un efecto perverso en sede de competencia que no cuenta con el aval del derecho europeo ni del derecho estatal” y, por ello, resuelve anular el decreto.