Esta iniciativa, acordada en el seno de una subcomisión parlamentaria creada a finales de la pasada legislatura para combatir la violencia de género, trata de reducir a un solo trámite el acceso a prestaciones económicas, custodia de los hijos, ayudas para alimentos y medidas cautelares como el alejamiento del maltratador.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica creada en el CGPJ cifra en 7.328 las solicitudes presentadas entre enero y marzo de 2004, antes de la entrada en vigor del decreto por el que se constituía el registro central para la protección de las víctimas de violencia de género.

En una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Susana Camarero, consultada por esta agencia, el Ministerio de Justicia indica que entre el 14 de abril y el 31 de diciembre de 2004, el número de peticiones de una orden de protección ascendió a 20.356, con lo que el total del año pasado alcanza las 27.648.

A lo largo de todo el año, Andalucía fue la comunidad en la que se pidieron más medidas de protección social y penal para víctimas de violencia de género, seguida de Cataluña, con 4.856. En tercer lugar se sitúa Madrid, que sumó 3.456 y en cuarto, la Comunidad Valenciana, con 3.356.

En cuanto a la distribución por provincias, sólo figura en los datos relativos al periodo de abril a diciembre, cuando ya estaba en marcha el registro central, y sitúan en primer lugar a Barcelona, donde se presentaron 2.547 peticiones, mientras que en Madrid fueron 2.524.

En tercer lugar se sitúa Valencia, que recibió 1.408 reclamaciones, seguida de Málaga, con 1.165; Sevilla, que registró 1.149 peticiones; Alicante, con 894; Baleares, con 826; Murcia donde fueron 614, y Asturias, donde ascendieron a 529.

De las solicitudes presentadas a lo largo del año pasado, fueron concedidas 21.329, según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Justicia, lo que supone que se aplicaron un 77 por ciento de las medidas civiles y penales de protección reclamadas.