Floriano preguntó en la sesión de control por ese sistema y después denunció en los pasillos que el ministro le había "amenazado en privado" al decirle que escucha todo lo que dice y ve todo lo que hace.

El ministro reconoció después en rueda de prensa que mantuvo una conversación "tensa" con Floriano y con Esteban González Pons, como tenso había sido también el debate en el hemiciclo, pero juzgó una "solemne estupidez" las acusaciones de amenazas.

Su versión es que se acercó a ellos para advertirles de la "gravedad" de acusar al Gobierno de espiar a la oposición y además "sin pruebas", y cuando ellos le dijeron que no habían dicho eso, el ministro les dijo que no lo han hecho en el Parlamento, pero sí lo ha escuchado "en las radios y en las teles". Sería una "estupidez", añadió, recriminar al PP por acusar al Gobierno de espiar a sus miembros, y al mismo tiempo amenazar a un diputado del PP con escucharle.

Sobre el hecho de que fuera José Bono quien le retiró de la conversación, Pérez Rubalcaba explicó que habían quedado previamente para tomar un café y por eso se acercó a decirle que le esperaba.

FUNCIONAMIENTO DE SITEL

El ministro aprovechó para reiterar el funcionamiento de Sitel, cuya compra fue firmada por Mariano Rajoy por trece millones de euros más adaptaciones posteriores, y mientras María Dolores de Cospedal era subsecretaria de Interior.

Defendió que Sitel es un sistema de archivo de las conversaciones que las operadoras interceptan al ejecutar una autorización judicial y cuyo contenido ponen a disposición de los agentes autorizados, que deben estar acreditados, que "dejan huella" cada vez que entran en el sistema y que no pueden manipular de ninguna forma ese contenido, por lo que es "mucho más garantista" que cuando las líneas se pinchaban y las conversaciones se grababan en una cinta magnetofónica.

Escuchar de forma ilegal una conversación, como denuncia el PP, aseguró el ministro, implicaría saltarse la autorización judicial, que una operadora intercepta la conversación jugándose la licencia y que un agente la escucha arriesgándose a una pena de hasta seis años de cárcel.