Además, propone que se elabore una agenda legislativa "en la que todos los grupos con representación parlamentaria puedan participar".

Asimismo, considera que hay que "paralizar los desalojos hasta garantizar que la legislación pertinente asegure procedimientos y recursos judiciales apropiados, que aseguren un control sustancial, en los que los derechos humanos sean protegidos y garanticen el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva" y que se aseguren que "las medidas adoptadas son de naturaleza imperativa, no voluntaria. El Estado no puede incumplir su obligación de proteger los derechos humanos dejando a la discreccionalidad de los agentes económicos el cumplimiento de estas medidas".

Considera AI "analizar de urgencia los impactos sufridos por las personas que han sido desalojadas y estudiar la situación habitacional actual de las mismas, y adoptar medidas de rendición de cuentas, en el caso en que sean necesarias".

Por último, recuerda esta organización que Naciones Unidas ha subrayado que "los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda y recomienda que cuando las personas afectadas no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda o reasentamiento adecuado".