El Supremo confirma la condena a las empresas del Yak-42
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a las empresas responsables del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. La aerolínea ucraniana UM Air, la contratista alemana Chapman Freeborn y la aseguradora ucraniana Busin Joint deberán pagar a los familiares de los fallecidos un total de 6,2 millones de euros.
La sentencia dictada por la Sala de lo Civil, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Ferrándiz Gabriel, desestima los recursos interpuestos por las empresas y confirma la resolución condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza en noviembre de 2010.
El Supremo considera probado que la principal causa del accidente fue la ejecución por los pilotos del Yakovlev “de un intento de aterrizaje de un modo técnicamente inadecuado a las circunstancias concurrentes”.
La resolución también rechaza que se descuente del pago a los familiares de las víctimas las cantidades abonadas por el Ministerio de Defensa en concepto de indemnizaciones.
El Alto Tribunal argumenta en este sentido que “la indemnización concedida por la administración no tiene el mismo régimen jurídico que la concedida en el proceso civil, ya que no procede de una responsabilidad del Estado por la deficiente ejecución de la prestación del servicio de transporte”.
Por último, la sentencia recuerda la doctrina de la Sala que impide modificar la cuantía de las indemnizaciones concedidas por la sentencia recurrida porque corresponde a los tribunales de instancia su fijación.
TRES CAUSAS
Además de esta causa civil, ha habido otros dos procedimientos relacionados con el accidente del Yak-42. La Audiencia Nacional celebró, entre marzo y abril de 2009, un juicio contra tres militares por los errores en la identificación de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev 42.
Este órgano jurídico condenó finalmente a tres años de cárcel al general de Sanidad Vicente Navarro e impuso sendas penas de un año y medio de prisión para sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, en una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo.
Aun así, ninguno de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones llegó a ingresar en prisión, ya que la Audiencia Nacional suspendió sus penas.
De forma complementaria, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió en febrero pasado archivar la causa abierta contra seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo por las irregularidades en la contratación del Yak-42. El magistrado concluyó que los seis militares imputados no tenían capacidad para haber evitado el siniestro y que existe por lo tanto “ausencia de responsabilidad penalmente relevante”.
(SERVIMEDIA)
13 Nov 2012
DCD/caa