Gallardón se refirió a este asunto en Madrid, donde participó en la presentación del Sistema Cameral de Mediación, acto que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Antes de participar en este acto, el ministro fue preguntado por la propuesta del SUP de ayudar legalmente a los policías que se nieguen a ejecutar desahucios que son consecuencia del impago de hipotecas por la crisis económica.

A este respecto, el titular de Justicia dijo que “la respuesta la tiene que dar el poder legislativo”. “Es al Congreso y al Senado a los que le corresponde adecuar la ley a esa realidad social”, afirmó.

Gallardón señaló que la negociación que están llevando a cabo Gobierno y PSOE para frenar los desahucios “tendrá una traducción legislativa”, algo que, a su juicio, proporcionará “respuestas” tanto a los “operadores” del sector inmobiliario y bancario como a “todos los afectados”.

El responsable de Justicia hizo estas consideraciones tras decir, en referencia a los desahucios, que hay que “adoptar las medidas necesarias para que la legislación sea aplicable en la realidad social en la que en estos momentos vive España”.

“RESPONSABILIDADES”

Argumentó que “tenemos que garantizar que sigan existiendo créditos hipotecarios”, ya que “es fundamental que todo aquel que quiera acudir a una entidad bancaria para conseguir un crédito para adquirir su vivienda tenga un respaldo de estas entidades”.

Sin embargo, añadió que hay que dejar “muy claro cuáles son las responsabilidades que se adquieren” al firmar una hipoteca, de manera que los ciudadanos sepan si ponen “en juego” sólo el “valor del inmueble” o también su “patrimonio personal”. “La información antes de firmar ningún documento es un requisito absolutamente necesario en un Estado de derecho”, remarcó.

Asimismo, respecto a aquellos créditos “que ya estén firmados”, el ministro dijo que “hay medidas que pueden adecuar esa difícil situación que en estos momentos vivimos”. Indicó que, aunque estas medidas “no fueron previstas en su momento”, las circunstancias han cambiado, por lo que “deben de hacer también que cambie la legislación”.

“Una respuesta conjunta de los dos primeros partidos de España”, continuó, “debe de dar una tranquilidad a todos esos operadores (bancarios e inmobiliarios), pero muy especialmente a aquellos ciudadanos que están pagando los efectos de la crisis económica con aquello que más les ha costado y que más necesitan, que es su vivienda habitual”.