La CGPJ informó de que este posicionamiento contra la Ley de Tasas fue decidido en su comisión permanente y por unanimidad.

Además, este órgano de representación aprobó un manifiesto contra esta regulación impositiva, al tiempo que anunció que los colegios de abogados convocarán concentraciones de protesta ante las sedes judiciales el próximo lunes 12 a las doce de la mañana.

Al mismo tiempo, la Abogacía pide que el “Ministerio de Justicia aglutine a todos para superar el lamentable estado” del sistema judicial, por lo que defiende que Alberto Ruiz-Gallardón “aúne voluntades y no las separe, que oiga y que escuche” a todos los operadores jurídicos.

El manifiesto aprobado por el CGAE se refiere a que “la Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio análisis efectuado por quienes la conocen en profundidad, en el día a día de los tribunales, desde el Tribunal Supremo hasta el más modesto juzgado de paz de España, dejando ya de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna”.

PACTO DE ESTADO

En referencia a las tasas, se afirma que es una de las medidas “que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia”.

Según el manifiesto de los abogados, “la hora de las grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces, expertas e imaginativas, que traigan soluciones eficientes y eficaces”.

Con este fin, el CGAE propone “la concertación y firma de un generoso Pacto de Estado para cuya redacción deberán ser oídos los colectivos profesionales que, a diario, actuamos y padecemos la precaria situación: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y usuarios”.

Los letrados también llaman a “potenciar la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente”.

También reclaman “la participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos en la confección de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo”.

Asimismo, los abogados quieren “la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas, que son objeto de constantes reducciones porcentuales completamente injustas e indignas”.