Así, un portavoz de la AEB indicó que “la retroactividad atenta contra los principios básicos” del ordenamiento español y “va contra la imprescindible seguridad jurídica que exige la actividad económica en un Estado de derecho”.

Además, desde la patronal bancaria subrayaron que algunos de los cambios que ahora se barajan en el sistema hipotecario “podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito” o “al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda”.

Por ello, la banca destaca la necesidad de “estudiar y sopesar cuidadosamente cualquier modificación que se haga en este terreno”, para agregar que los cambios que puedan introducirse “deberían plantearse desde una visión comprensiva y global del sistema hipotecario”.

“Un goteo permanente de medidas genera incertidumbre y las entidades de crédito necesitan un marco regulatorio estable para poder planificar su actividad”, subrayaron.

Desde la banca consideran que la eficacia del sistema hipotecario español “está más que demostrada”, ya que ha permitido el acceso a la vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas, por lo que “cualquier modificación que se plantee” debe tener un “objetivo claro”, el de “mejorar o al menos preservar su eficacia”.

La banca quiso dejar claro que “comparte la preocupación por la situación que sufren numerosas familias españolas”, y destacaron que para dar una “solución permanente y global” es preciso mejorar sus expectativas de empleo.

En este sentido, abogaron también por medidas sociales para paliar la situación de aquellas familias que han perdido sus viviendas o viven en situaciones de extrema necesidad, y alertaron de que “los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos del sistema hipotecario”.

Desde la patronal de las entidades financieras defendieron que las entidades antes de proceder a iniciar un procedimiento de ejecución de una vivienda, analizan todas las posibilidades de renegociar con el cliente las condiciones del préstamo y facilitar su continuidad mediante la introducción de periodos de carencia, alargamiento de plazos o concesión de moratoria temporal.

Prueba de que ello, señalaron, es el “bajo nivel” de morosidad que sigue presentando el crédito hipotecario a particulares.

En todo caso, afirmaron que la renegociación con el cliente no puede impedir que, cuando se constata que el reembolso del préstamo es inviable, la entidad deba tratar de recuperar su importe a través de la ejecución de la garantía.

En tales circunstancias, añadieron, “esta actuación no solo es legítima sino obligada para proteger la solvencia de la entidad y los intereses de sus depositantes y accionistas”.