Según Greenpeace, la nueva norma "recorta los principios de igualdad ante la ley", al exceptuar de la aplicación de la misma a determinados núcleos costeros y al reducir la definición del futuro dominio público marítimo-terrestre, contenida en el artículo 132 de la Constitución.

PSOE, UPyD e Izquierda Plural han anunciado a la organización ecologista su intención de presentar dicha enmienda a la totalidad. Junto a estos partidos, algunas comunidades autónomas, como Asturias o Andalucía, han manifestado su rechazo a la reforma de la Ley de Costas por el retroceso que supone en la protección del litoral.

Greenpeace denuncia, además, la "continua falta de transparencia" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que en reunión con varias organizaciones ecologistas el pasado 9 de octubre aseguró que el trámite parlamentario de la Ley de Costas se postergaría a "abril o junio de 2013". "A pesar de esta afirmación, la Ley de Costas entró en las Cortes pocas semanas después", indica la organización.

Con la enmienda presentada hoy, Greenpeace pide la devolución del proyecto de ley al Gobierno para que se elabore un nuevo texto con la mayor participación y coherencia posibles.

"La Ley de Costas es un retroceso sin precedentes en la protección ambiental del Estado. Salinas, dunas, se quedan sin protección y se prolonga la especulación sobre el terreno público durante nada más y nada menos que 75 años más", insiste Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas.