En un documento elaborado con motivo de la huelga del próximo 14 de noviembre, las organizaciones empresariales aseguran que “nunca” van a “avalar una huelga general”, y menos aún una como la de la próxima semana que “intenta modificar decisiones adoptadas por el Pleno del Congreso de los Diputados”, como la reforma laboral.

En este sentido, insisten en que rechazan “la acción sindical consistente en convocar al país para una huelga general” y contraponen las “bondades del diálogo social y la concertación”.

También instan a los empresarios a mantener una “actitud que no sea pasiva” ante la huelga y les aconsejan que vigilen “especialmente” el absentismo en los días previos a la huelga. Asimismo, recomiendan que no se sustituyan las horas de trabajo de la huelga con otras fórmulas, como vacaciones o cambios de turno.

Sobre los servicios mínimos, recuerdan a los empresarios que, si no hay acuerdo con la representación de los trabajadores, “podrá hacerse la designación directamente por la empresa”.

Las patronales advierten también sobre la actitud de los piquetes, que “debe limitarse a tareas puramente informativas”, y afirman que cualquier acto que desborde este cometido, “como frecuentemente sucede en la práctica”, convertirá la acción del piquete en “ilegal”.

Por otro lado, las organizaciones empresariales aseveran que si se analizan las razones expresadas por los sindicatos para la convocatoria del paro, se concluye que se trata de una “huelga política”.

Además, alertan a los sindicatos de que esta convocatoria “afecta también al diálogo social” y sostiene que el “retraso” que se está produciendo en la negociación colectiva no puede “imputarse” a las patronales sino a la “pretensión sindical de utilizarla como lugar de confrontación contra la reforma laboral”.

Sobre este tema, la patronal admite que los últimos tres años de diálogo social con las organizaciones sindicales han sido “un auténtico fracaso” en cuanto al objetivo de mejorar la flexibilidad interna en las empresas.

También sostienen que los sindicatos han tratado de “exceder lo convenido” el acuerdo de negociación colectiva firmado en enero, cuya comisión de seguimiento se reunirá el próximo 22 de noviembre.

CEOE y Cepyme concluyen que resulta “preocupante el impacto negativo que esta convocatoria de huelga puede tener en la actividad económica, la creación de empleo, la imagen de España en el exterior y la confianza de los inversores”.

Además, reclaman que “sigue siendo necesario” modificar la ley para que garantice “el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes, la tipificación de la actuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidades sobre todo tipo de daños a los convocantes de la misma”.