Según el grupo parlamentario socialista, este documento hace especial hincapié en la protección de los menores y, entre otras medidas, propone la pérdida de la custodia de los hijos en casos de condena firme por violencia de género y la suspensión de las visitas cuando éstas perjudican a los niños.

Respecto a las penas, los grupos parlamentarios consideran que el consumo de bebidas alcohólicas y drogas “no debe contemplarse como una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con violencia de género”, y recomiendan “profundizar en la valoración jurídica de dichas circunstancias”.

En el informe se alude también a otros aspectos de la ley, como la respuesta institucional, la asistencia a las víctimas, su recuperación integral, la protección de las mujeres, el asesoramiento jurídico, la formación especializada, medidas de prevención y sensibilización y el papel de los medios de comunicación en la lucha contra este problema.

Asimismo respalda el modelo actual de los juzgados de violencia de género, que asegura deben ser exclusivos y en los que todas las actuaciones han de estar coordinadas.

Según las ponentes socialistas Carmen Montón y Francisca Medina, este informe demuestra el consenso de todos los grupos en la consideración de esta Ley como “un instrumento útil contra la violencia de género y a la hora de proponer una serie de recomendaciones para profundizar en su desarrollo y mejorar su efectividad.

“Además desmonta mitos falsos en torno a la violencia de género y a la ley, como la existencia de denuncias falsas o el síndrome de alineación parental”, añadió Montón.

En su intervención, el grupo de CiU en el congreso ha afirmado que esta ley es adecuada para combatir la violencia de género y se felicitó de que dos de sus votos particulares fueran introducidos en las conclusiones finales del informe.

El primero se refería a la valoración de la concurrencia de alcohol y drogas en los delitos de violencia doméstica, y el segundo se oponía a la pérdida automática del derecho de visitar a sus hijos para los condenados de malos tratos.

La portavoz de Igualdad de CiU, Mercè Pigem, declaró que no se trata de defender al agresor, sino de defender el derecho del menor a tener relación con sus progenitores. Pigem recordó que el régimen de visitas es “un derecho de doble circulación”.

Así cree que “suspender el régimen de visitas no ha de ser tajante en todas las condenas por violencia de género sino que debe ser ponderado adecuadamente en cada caso por el juzgado competente respetando los derechos del menor”.