Desde la compañía indicaron a Servimedia que el informe, con documentos, análisis y estudios, fue remitido al CSN en la tarde ayer, lunes, cumpliendo el plazo fijado por el consejo el pasado mes de septiembre.

En dicho plan se explica el organigrama de la compañía, la gestión de los residuos, del combustible, así como el plan de desmantelamiento que durante años desarrollará la central, entre otros.

También indicaron dichas fuentes que Garoña acometerá las medidas impuestas por el CSN después de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima que sean aplicables para el periodo de tiempo que permanecerá activa la central. Ya se está trabajando en algunas, añadieron.

El pasado 6 de septiembre concluyó el plazo fijado por el Gobierno para pedir la renovación de la autorización de la central nuclear y mantener la actividad hasta 2019. Sin embargo, como la empresa no solicitó dicho permiso, el CSN inició el procedimiento para que finalizara su actividad en el próximo mes de julio y exigió “la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central”.

En la actualidad, la central de Garoña, emplea a más de 1.200 personas de manera directa y mantiene más de 1.600 puestos de trabajo de manera indirecta.

Una vez cumplido el paso administrativo por parte de la empresa participada por Iberdrola y Endesa, las Direcciones Técnicas del CSN analizarán la información remitida por Nuclenor y presentarán su informe correspondiente al Pleno del Consejo para su posterior estudio y envío al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este proceso, según las fuentes consultadas, durará meses.