Además, se pone a disposición del gobierno regional para colaborar en su nueva iniciativa de contar con organizaciones no gubernamentales para distribuir una serie de pisos anteriormente ‘okupados’ entre aquellas personas desahuciadas, con el único coste de un ‘alquiler social’ que rondaría los 200 euros.

Famma "se pone a la entera disposición del gobierno regional

para colaborar en todos estos tipos de situaciones, con el fin de buscar soluciones y alternativas a circunstancias verdaderamente dramáticas, que se agravan cuando las personas tienen una discapacidad".

Asimismo reiteró que "los recortes están empobreciendo a la población, lo que conllevará un mayor gasto social para hacer frente a otros costes como el sanitario producido y generado por la pérdida de calidad de vida que conllevan

los recortes".