La Unión General de Trabajadores recordó que tras implantarse el gravamen en Cataluña, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no descartó exportarlo al resto de España si la mayor parte de las autonomías lo solicitaban.

Sin embargo, en aquel momento el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emplazó al presidente catalán, Artur Mas, a negociar una solución para evitar un recurso de inconstitucionalidad, por entender que el suplemento invadía competencias estatales.

Pero, de ese recurso de inconstitucionalidad nunca más se supo, lamenta hoy UGT, sindicato para el que las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre su desmarque de la medida, "no son más que afirmaciones de cara a la galería".

Sáenz de Santamaría manifestó el pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo se desmarca de la tasa del euro por receta que impondrá Madrid y que analizará su constitucionalidad.

En opinión de la organización sindical, el Ejecutivo no tomará ninguna medida, porque, si esa fuera su intención, ya habría procedido a presentar el recurso de inconstitucionalidad del que habló en junio cuando Cataluña anunció el gravamen.

A juicio de UGT, la medida madrileña será "letal", porque se suma al "repago" de junio y al "medicamentazo" de agosto, "que ya incrementaron considerablemente el coste de las medicinas".

Desde esta perspectiva, la Unión General de Trabajadores exige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ponga orden entre los responsables de las comunidades de su partido para evitar las desigualdades en la prestación sanitaria pública entre españoles.

Igualmente, demanda la retirada de esta medida "porque invade competencias estatales" y recuerda que la Ley General de Sanidad, de 1986, establece que el acceso y las prestaciones sanitarias deben realizarse en "condiciones de igualdad efectiva".