Competencia, según un comunicado, considera ”acreditada la existencia de una conducta colusoria entre las tres empresas imputadas para ofertar idénticos precios en los servicios contenidos en la licitación pública llevada a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas para la provisión de servicios de transporte de viajeros para actividades lúdicas, sociodeportivas, socioculturales y socioeducativas, durante cuatro años”.

En concreto, las multas ascienden a 43.800 euros a la empresa Autarca, 292.600 euros a Transportes Antonio Díaz Hernández, y 53.900 euros a GLCM.

La investigación se inició el 16 de diciembre de 2010 cuando tuvo entrada en el registro Competencia, un escrito de la Directora General de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitando su actuación sobre un expediente de contratación de dicho consistorio, referente a la convocatoria de un concurso del servicio de transporte de viajeros para actividades lúdicas, deportivas, socioculturales y socioeducativas de Las Palmas de Gran Canaria.

Dicho escrito partía de la denuncia presentada por la empresa Comfort Turistour contra las empresas ahora sancionadas. Competencia trasladó el caso al Servicio Canario de Defensa quien, el 8 de abril de 2011, abrió expediente sancionador contra Autarca, GLCM, Tranportes Antonio Díaz Hernández, “por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas consistentes en un supuesto acuerdo para la presentación de ofertas económicas iguales en la convocatoria de un concurso, por procedimiento abierto, para la licitación pública del servicio de transporte de viajeros para actividades lúdicas, deportivas, socioculturales y socioeducativas de Las Palmas de Gran Canaria”.

En su Resolución de 25 de octubre de 2012, Compentecia considera acreditada la existencia de una conducta colusoria entre las tres empresas imputadas para ofertar idénticos precios. A este respecto, la CNC destaca que unas condiciones de competencia “deficientes conllevan un mayor esfuerzo económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios y por tanto para los ciudadanos”.

Para Competencia, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas ha podido estar incurriendo en un “mayor gasto por la conducta sancionada en este expediente, en detrimento del interés general”. Por ello, el Consejo de la CNC “llama la atención sobre la especial atención que las administraciones públicas deben prestar a la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en los procesos de licitación de los que son responsables, en beneficio del interés público al que vienen obligadas a defender”.